La Asamblea General de Carolina del Norte aprobó la SB 101, una ley que obliga a los alguaciles a colaborar con ICE.
En nuestro boletín de hoy te vamos a contar de qué se trata la ley, hasta qué punto pone en grave peligro a los inmigrantes latinos y por qué es tan importante evitar que entre en vigor. Leer este envío te llevará menos de 10 minutos.
¿En qué consiste la SB 101, la ley que pone en peligro a los inmigrantes latinos en Carolina del Norte?
Como te contamos en nuestro envío anterior, la SB 101, el proyecto republicano aprobado este viernes 1 de julio en la Asamblea General, obliga a los alguaciles y administradores de centros penitenciarios a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Básicamente, establece que las personas detenidas por diversos delitos tienen 48 horas para demostrar que cuentan con una condición migratoria legal en el país.
Caso contrario, los administradores de las cárceles de los condados deberán comunicarse con el ICE para que las autoridades migratorias emitan una orden de detención.
¿Por qué la SB 101 pone en peligro a la comunidad latina?
“Esta ley conducirá a más detenciones y deportaciones por perfil racial”, explicó a Enlace Latino NC Stefania Arteaga, estratega de campaña de ACLU NC.
“Lo que vemos es que pueden arrestar a cualquier persona que ni siquiera había cometido un crimen. Y en vez de pasar por el proceso judicial para defenderse, se la somete a un proceso de deportación”.
Ocurre que, si bien supuestamente la ley solamente obliga a colaborar con ICE en casos de crímenes graves como asesinato o violación, lo que ha pasado en la práctica en otros programas similares como el 287 (g) es que la gran mayoría de los deportados sólo ha cometido delitos muy menores como por ejemplo infracciones de tránsito.
De hecho el 287 ha tenido consecuencias catastróficas para nuestra comunidad: un estudio de la Universidad de Duke demostró que perjudicó la salud de los hijos recién nacidos de madres indocumentadas que, por temor a ser detenidas, no se atrevían a llevarlos a consultas médicas.
Además, se han corroborado violaciones a los derechos civiles en la gran mayoría de las cárceles donde funciona esta clase de programas.
¿La SB 101 podría traer un beneficio económico a los condados?
No. Muy por el contrario, tal como aclaró Arteaga, este programa representaría un enorme gasto para los contribuyentes.
La SB 101 ordena detener durante 48 horas a las personas que no han demostrado que cuentan con un estatus migratorio legal, pero no establece ningún tipo de reembolso por parte de agencias federales. Por eso los contribuyentes de cada condado deberán financiar estas detenciones, cuyos costos son astronómicos.
“Por ejemplo en Charlotte cuesta al menos $192 detener a una persona por un día”, advirtió la especialista. Teniendo en cuenta que los detenidos podrían llegar a pasar hasta 2 días en prisión y que hay cientos de detenidos al año, la suma podría ascender a decenas de miles de dólares para cada condado.
Eso sin tener en cuenta las eventuales demandas que también podrían enfrentar los condados.
¿La aprobación de la SB 101 en la Asamblea General implica que los alguaciles ya deben empezar a colaborar con ICE?
No. Para que una ley entre en vigencia no alcanza con la aprobación de ambas cámaras sino que además requiere la firma del gobernador.
En este caso, analistas coinciden en que el gobernador Roy Cooper vetará la ley.
¿Cuánto tiempo tiene el gobernador para actuar?
Actualmente el gobernador tiene 10 días para vetar el proyecto.
Mientras tanto, organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes están pidiendo al gobernador que vete el proyecto.
Si quieres sumar tu voz es muy importante que firmes la petición picando aquí.
¿Puede la Asamblea General anular el veto del gobernador?
Sí, la Asamblea General puede anular el veto del gobernador si tres quintas partes de cada Cámara están de acuerdo. Sin embargo, actualmente el bloque republicano no cuenta con esa cantidad de votos.
¿Cuál es el trasfondo político de esta ley?
Como te contamos la semana pasada, muchos analistas e incluso algunos legisladores de la Asamblea General sostienen que el impulso republicano al SB 101 es simplemente una maniobra política. Ciertos candidatos republicanos buscan posicionarse de mejor manera después del retroceso en su propio electorado que implicó el fallo de la Corte Suprema que eliminó el aborto como derecho constitucional.
