Qué es la Regla de la Carga Pública y qué programas de beneficios gubernamentales se pueden utilizar sin afectar sus trámites migratorios.
La Regla de la Carga Pública es una norma que habilita a las autoridades migratorias a negar la residencia legal permanente a inmigrantes considerados “dependientes” de la ayuda del gobierno para subsistir.
Para determinar si una persona es considerada “carga pública” y, por ende, no puede acceder a la residencia, las autoridades migratorias realizan una evaluación de diferentes aspectos de su vida. El análisis incluye la edad de la persona, su nivel de ingresos, su nivel educativo y si accedió a determinados programas de beneficios gubernamentales.
Si bien la enorme mayoría de los programas de beneficios gubernamentales no perjudica de ningún modo a las personas que desean obtener la residencia, lo cierto es que existe mucha desinformación y mitos falsos al respecto. En ese marco, muchas personas indocumentadas se privan de obtener valiosos beneficios por el temor infundado a ser consideradas “carga pública”.
Mitos sobre la regla de la carga pública
1.“Si mis hijos utilizan programas de beneficios gubernamentales yo no podré acceder a la ciudadanía”
“El mito más común que yo he escuchado es que si los niños o familiares que viven con una persona indocumentada utilizan ciertos beneficios públicos sus padres o madres no podrán acceder a la ciudadanía”, indicó a Enlace Latino NC Kate Woomer-Deters, abogada del Centro de Justicia de Carolina del Norte especializada en la Regla de la Carga Pública.
“Es un mito totalmente falso”, remarcó la especialista.
Tal como precisó Woomer-Deters, los hijos o familiares ciudadanos pueden usar absolutamente cualquier beneficio que necesiten sin ningún efecto en el trámite migratorio de sus padres. En ese sentido, el gobierno no pregunta ni averigua sobre los programas de beneficios que utilizan los hijos o familiares ciudadanos de personas que aspiran a obtener la residencia legal.
En el caso de los hijos que no son ciudadanos, pero cuentan con un estatus legal, como una residencia permanente (tarjeta verde) o una visa U, la situación es similar. Los niños también pueden acceder a todos los beneficios para los cuales sean elegibles sin afectar el análisis de la Regla de la Carga Pública de sus padres.
En cambio, si los niños son indocumentados, aclaró la abogada, no calificarán para programas que puedan afectar a sus padres. En ese sentido, no generarán ningún perjuicio ya que directamente no podrán utilizar esa clase de programas.
2. “Si utilizo programas de beneficios gubernamentales me descalificarán para obtener una tarjeta verde”
Según Woomer-Deters, el segundo mito falso más difundido es que las personas que aspiran a obtener una residencia legal permanente o tarjeta verde no deben hacer uso de ningún programa de beneficios gubernamentales.
La abogada explicó que únicamente existen tres programas que se evalúan negativamente en función de la Regla de la Carga Pública: SSI, un programa en efectivo para personas discapacitadas; TANEF, otro programa en efectivo que ayuda a las familias de muy bajos ingresos; y Medicaid, pero solo en casos atención institucional prolongada.
“Estos son los únicos tres programas que le cuentan en su contra en un trámite migratorio, pero las personas indocumentadas no califican para ninguno de los tres. Son solo para ciudadanos. Por lo tanto, los indocumentados no los pueden usar. Entonces no existe nadie que utilice estos programas y vaya a necesitar una tarjeta verde en el futuro”, aclaró Woomer-Deters.
Cualquier otro programa de beneficios públicos, incluyendo Medicaid cuando la persona no transita largos períodos en el hospital, no traerá absolutamente ningún perjuicio para obtener la ciudadanía. Entre los muchos beneficios posibles se incluyen las estampillas de alimentos, WIC, comida gratuita en la escuela, asistencia para pagar la renta, cheques de estímulo para COVID-19, programas gratuitos de cuidados médicos o ayuda para pagar facturas de energía.
3. “Si ya tengo una residencia legal permanente (tarjeta verde) tengo que seguir preocupándome por la Regla de la Carga Pública para obtener la ciudadanía”
Este mito, tal como explicó la abogada, es también totalmente falso.
“El gobierno sólo hace la evaluación de carga pública cuando la persona recibe su residencia, pero cuando llega al trámite de ciudadanía no se vuelve hacer”.
Por ese motivo, si una persona obtuvo la residencia ya no tendrá que preocuparse por la Regla de la Carga Pública. Aunque, en rigor, existe una excepción: si un residente permanente sale del país por más de 6 meses y quiere volver a entrar a los Estados Unidos sí se podría hacer una evaluación de Carga Pública.
Por eso, la especialista recomienda que si usted tiene planes de salir del país por más de 6 meses antes consulte con un abogado al respecto. Aunque incluso en esta situación los únicos programas que serán considerados son los ya mencionados: SSI, TANEF y Medicaid en casos de atención institucional prolongada.
4. “Recibir la vacuna contra el COVID-19 me puede perjudicar para obtener la residencia permanente”
También se trata de un mito falso. Los únicos tres programas que pueden ser considerados negativamente son SSI, TANEF y Medicaid en casos de atención institucional prolongada. El resto, incluyendo todos los beneficios vinculados con el COVID-19, no se analizan a la hora de evaluar la regla de la carga pública.
Esto incluye ayuda financiera bajo COVID-19, cheques de estímulo, asistencia con la renta o beneficios de desempleo asociados al COVID-19.
Trámites en los que no se evalúa la Regla de la Carga Pública
Más allá de los mitos y la desinformación, Woomer-Deters se encargó de aclarar que el gobierno no analiza la Regla de la Carga Pública en todos los trámites migratorios.
Al contrario, son muchos los casos en los que las autoridades no evalúan si la persona dependerá del estado para subsistir.
“Eso incluye la mayoría de los programas humanitarios. Por ejemplo, TPS, la visa U para víctimas de crímenes, la visa T para víctimas de trata de personas o refugiados. En todos esos casos el gobierno no analiza la carga pública”.
Sin embargo, sí se realiza la evaluación en el caso de que la persona que forma parte del programa humanitario (por ejemplo, TPS) desee obtener la residencia permanente en el futuro.
